Yo nunca he estado en el Congreso, ni siquiera de visita (bueno, una vez me hice una foto con uno de los leones, pero eso no cuenta). Quizás por eso me cueste tanto navegar por los recovecos del parlamentarismo.
Nuestro ordenamiento jurídico tiene entre sus objetivos propugnar el pluralismo político (artículo 1 de la constitución) y garantizar su reflejo en las cortes (artículo 66.1), pero no resuelve cómo llevarlo a la práctica. No explica qué hacer con los ciento sesenta y cuatro diputados -representantes de doce de los trece partidos políticos del hemiciclo- que, cuando se constituya el próximo parlamento, y conforme a la legítima aritmética, quedarán eximidos de su obligación -y de su derecho- de nombrar al presidente del gobierno y exentos de cualquier responsabilidad legislativa.
Esta situación, que se hará especialmente patente en la legislatura que viene, ni es nueva ni es exclusiva de las mayorías apabullantes. Por muy exiguos que sean los apoyos salidos de las urnas, siempre aparecen las sumas y componendas precisas para que la mitad más uno anule y arrodille -de "rodillo"- al resto. Después dirán que cada uno interpreta su papel en el teatro de la Carrera de San Jerónimo y que hay un día a día de trabajo de despacho, elaboración de propuestas, enmiendas y proyectos que nunca vemos, pero se quedarán sin argumentos en cuanto se les cuele la imagen de un humilde portavoz de grupo mixto perorando ante centenares de escaños irrespetuosamente vacíos, reflejo de la más cruda realidad: millones de votos se quedan sin voz (papeletas inútiles que, sumadas a las centenares de miles que se pierden en el escrutinio, invitan, convocatoria tras convocatoria, a la concentración de fuerzas, al voto útil y a los acuerdos preelectorales; en suma: al bipartidismo y a la desideologización).
Puesto que el objetivo final de los diputados es elegir gobierno y dictar leyes -eso es, al menos, lo que nos dijeron durante la campaña- sólo el Partido Popular se ha salvado de la quema, por mucho que todos los políticos -sin excepción- exhiban su capacidad de hallar entre los restos del naufragio un dato positivo sobre el que edificar -sólo de cara a la galería- un discurso optimista, ilusionante y esperanzador. Nadie debería de conformarse con crecer (si ese crecimiento sigue resultando insuficiente y estéril), o con formar grupo parlamentario propio (a no ser que únicamente se persiga el lucimiento del líder). Ni satisfacen las victorias morales, ni consuelan las dulces derrotas, y yerra el que acepta ser refugio de descontentos y del voto de castigo. Kavafis se equivocó (al menos, cuando el viaje a Ítaca pasa por las Cortes), porque el camino aquí no es lo que importa, sino la meta. Sólo la meta.
Es evidente que el sistema ya no funciona -si es que alguna vez lo hizo- y que ha llegado la hora de corregirlo. Ya no es necesaria una ley d'Hont que garantice gobiernos estables, ni que una obsoleta asignación de diputados por circunscripciones provinciales castigue a las minorías con la excusa de evitar atropellos territoriales. Ya prescribió nuestra presunta bisoñez democrática que durante décadas excluyó a los ciudadanos de los grandes debates de estado (¿cuándo nos dejarán opinar sobre el rey y la forma de gobierno, el modelo autonómico, el federalismo o la ley electoral?).
Cada vez que se celebran unas elecciones -las eufemísticas "fiestas de la democracia"- sólo unos ganan y todos los demás pierden. ¡Pues vaya una fiesta! Después volverán a sorprenderse y a mostrar su honda preocupación cuando la indignación abarrote las plazas y el porcentaje de abstencionistas les recuerde que el desafecto hacia la clase política y las instituciones ha terminado por reemplazar a la confianza y el compromiso.
Pero es que la democracia no era esto.
2 comentarios:
Hombre, José Luis, de acuerdo en el fondo de lo que planteas yo siempre digo que los que ganan o pierden son los ciudadanos. Hay que exigir cambiar la Ley Electoral y en eso estamos muchos. Lo cierto es que mientras tanto la tarea de fiscalización y aporte de las fuerzas políticas, aún en una mayoría que ojalá no se convierta en "absolutista" pero que es absoluta por mandato de menos del 50 por ciento de los votos, es y debe ser un constante trabajo de exigir el cumplimiento de conductas y la proposición de leyes que debatir junto a las del grupo en el poder. En las votaciones de esas propuestas se retrata también el Gobierno y su partido. Nosotros lo hemos conseguido desde UPyD en Madrid, por ejemplo, así como en el País Vasco y multitud de ayuntamientos. Mientras cambiamos lo necesario no hay que bajar los brazos ni los esfuerzos y hay que tener una actitud analítica, crítica cuando sea necesario y siempre positiva. Es parte de la responsabilidad adquirida por los representantes por los ciudadanos, de todos.
Todos hemos perdido. La dichosa Ley D'hont se implantó creyendo en la fuerza del PCE, ese era el objetivo a batir (ejemplo Italia, en cuanto a no dejarlo gobernar nunca a cambio de los que sea, como pudieron ser amalgamas de coaliciones muchas de corruptos), según las instrucciones de la trilateral y CIA que seguro es lo mismo, o casi lo mismo. Y la representación de los ciudadanos es nula, cero.
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