27/6/12

IU, incumplimiento de contrato


El peso de la púrpura ha terminado por desnortar a Izquierda Unida.
Al final, la rebelión prometida ha resultado ser interna y la han protagonizado los representantes de esta formación política en el Parlamento de Andalucía: han prendido las antorchas y han metido fuego a su propio programa electoral. Quienes presumen de ser los -únicos y genuinos- defensores de la clase obrera, han decidido bendecir con sus votos, necesarios e imprescindibles, la enésima agresión a los derechos de los trabajadores.
Llevan años asegurando que existen alternativas y que la salida está a la izquierda (al fondo, pero a la izquierda). Años prestándole el megáfono a todo el que ha querido gritar, y situando su pancarta al frente de cualquier movilización. Años luciendo camisetas verdes, moradas y rojas (“-Con este tipín, cualquier cosa me sienta bien.”); años ideando eslóganes, años acompañando encierros y sentadas... y han bastado cien días rascando en el banco azul para sacarles los colores.
Su líder -donde dije digo, digo Diego- Valderas ha sufrido un repentino ataque de amnesia -alguna sustancia estupefaciente, que le habrán echado en la cartera vicepresidencial- para argumentar, sin vergüenza, las mismas justificaciones que él mismo criticó (“-No, si no soy yo. Es el PP, que me obliga”, “-No os preocupéis que, en cuanto haya pasta, os pagamos todo de golpe”).
Una pérdida -selectiva- de memoria que le ha permitido olvidar aquellas viejas demandas: más gasto público, lucha contra el fraude fiscal, reducción de altos cargos, reforma de la administración paralela, negociación colectiva y acuerdo con los sindicatos, protección social, impuestos para los más ricos (por cierto, el impuesto sobre campos de golf va a dar mucho que hablar), persecución de la economía sumergida... Aquellas propuestas que convencieron a tantos en las últimas elecciones y que le permitieron crecer más de un 37% en el número de votos (pasaron de 317.562 a 437.445) y duplicar el número de asientos (de 6 a 12).
Izquierda Unida ha cambiado de catecismo, pero sólo en Andalucía. En el resto de España, se mantiene en la otra orilla y rechaza las propuestas que exclusivamente defiende en el Hospital de las Cinco Llagas, con el argumento -casi de Estado- de que es la única manera de sostener al mismo gobierno que llevan treinta años intentando desbancar.
Izquierda Unida no ha entendido el mensaje (“¡No es eso, no es eso!”, que escribió Ortega y Gasset) y ha apostado a una carta -la más alta- buena parte de su credibilidad presente y futura. Temerariamente, ha decidido cambiar por un plato de lentejas el contrato que firmó el 25 de marzo con sus electores, y ni el clamor de propios ni el estupor de propios y extraños han movido el fiel de una balanza demasiado desequilibrada por el peso de los coches oficiales.
Coches que no aliviarán la travesía del desierto cuando, dentro de cuatro años, los votantes les demanden por incumplimiento de contrato.

Epílogo
El artículo 259 de la Constitución de Colombia proclama: “Quienes elijan gobernadores y alcaldes, imponen por mandato al elegido el programa que presentó al inscribirse como candidato”. O sea, que el programa electoral es de obligado cumplimiento para los políticos colombianos.
En España, un auto del Tribunal Supremo dictado en 2005 -que ha sentado jurisprudencia- determinó que “las 'promesas electorales' y su cumplimiento forman parte esencial de la acción política, enmarcada en principios de libertad de hacer o no hacer [...] que escapan al control jurisdiccional”. Es decir, que los políticos españoles pueden decidir libremente por dónde se pasan el programa con que se presentan a las elecciones. Y así nos va.

22/6/12

Los huérfanos de Rajoy


Foto de Rosa González publicada en El Mundo
Vale que el poder desgasta. Vale que la realidad del ejercicio de gobierno difícilmente puede corresponderse -ciento por ciento- con la utópica idealización que previamente dibuja negro sobre blanco el gabinete electoral. Vale que, cada vez que un nuevo inquilino revuelve el doble fondo de los cajones y levanta las alfombras de su nuevo despacho, se encuentra con obstáculos insorteables que le conducen irremisiblemente hacia rutas indeseadas.
Todo eso vale, pero es que los seis primeros meses de Rajoy han superado las peores expectativas.
El presidente del gobierno ha conseguido, en sólo ciento ochenta días, agotar buena parte de su crédito, defraudar a su electorado, rearmar a sus opositores y vaciar de argumentos a sus más inquebrantables e incondicionales defensores.
Según el último barómetro del CIS (publicado en mayo de 2012), el 56% de quienes votaron al PP el pasado mes de noviembre creen que la actual situación económica es peor que cuando los populares desembarcaron -hace ahora un año- en la mayoría de los ayuntamientos y comunidades autónomas, y el 42% de esos votantes opinan que la situación política hoy es 'mala' o 'muy mala' (a modo de anécdota, el 2% de los electores del PP cree que el principal problema de España es su gobierno).
Mariano Rajoy lleva más de un año -desde la campaña de las municipales, por lo menos- reclamando su derecho a gobernar, para solucionar los problemas de la nación; reivindicando un masivo apoyo popular con el que activar su fórmula mágica, su receta para generar confianza en los inversores, incentivar la creación de empresas, crear puestos de trabajo, optimizar los recursos y mejorar los servicios públicos. Una ecuación milagrosa basada en recortes y repagos que, lejos de reportar beneficios, no ha hecho sino aunar a sectores de lo más variopinto en la tribuna de las quejas.
La política fiscal (la subida del IRPF y la del IBI, y la del IVA, que viene) ha roto los esquemas a los empresarios y a los liberales -tanto monta, monta tanto- otrora fieles escuderos de Rajoy, Los recortes en la administración pública (menos sueldo, más horas, menos derechos) han rebelado a los funcionarios, interinos, laborales y eventuales, empezando por el grupo E y terminando por el grupo A. Los desempleados que votaron a Rajoy confiando en que les buscaría un trabajo, se han encontrado con que, en lugar de eso, les reduce las prestaciones, y los pensionistas que esperaban garantizar sus pagas (“-¡La Caja de la Seguridad Social se hunde!”-, decían) tienen ahora que aflojar la mosca cuando retiran la nifedipina y el omeprazol. Los emprendedores esperan y desesperan, y hasta las víctimas del terrorismo se quejan de sus desaires.
Ni se ha acabado con la corrupción, ni con el despilfarro autonómico. Ni se han terminado las injerencias (los nombramientos en la RTVE y en el CGPJ son sólo dos ejemplos), ni los despropósitos. Como siempre, gana la banca y pierden los desahuciados, bajan los créditos y suben los ERE, y el país sigue sin pintar nada ni en Europa ni en el mundo (bueno, en el mundo sí: don Mariano ya es presidente de las Islas Salomón).
Rajoy ha sembrado España de huérfanos -de huérfanos políticos, se entiende-, de ingenuos electores que creyeron sus promesas, que confiaron en sus soluciones y que depositaron en su gestión lo que les quedaba de confianza. Votos prestados para impulsar un cambio de rumbo que ha resultado ser un giro hacia ninguna parte.
Y, mientras, el presidente calla y se refugia en el burladero, e insta a sus subalternos a que intenten ocuparse del miura, ante el pasmo del personal que -desde el sol y desde la sombra- no acierta a entender cómo le han metido en esta faena.

9/6/12

Rescate y fracaso


Mientras los tirios y los troyanos discernían si eran galgos o si eran podencos (“-Ministro, tacha 'rescate' y di 'apoyo financiero', a ver si cuela”), los hombres de negro cruzaban la frontera conduciendo centenares de furgones blindados cargados de lingotes de oro. Lo llamen como lo llamen.
Tras meses de asedio, el gobierno ha entregado  las llaves. Ha rendido la plaza, ha franqueado el paso que con tanto empeño -¿cómo se dice 'orgullo' en alemán?- defendió, ha abierto los ventanales y ha enseñado sus vergüenzas. Ha reconocido -urbi et orbi- el pecado que todos conocían: este país no puede salir del agujero sin ayuda.
Es cierto que se trata de una intervención singular (en realidad, es casi más un préstamo que un rescate), pero uno de sus efectos -quizás el más temido- se mantiene y puede resultar demoledor. Por mucho que algún ministro piense que todos nos hemos caído del guindo, no hay peor manera de convencer a los especuladores de que es seguro invertir en España que asomarse al balcón y pregonar nuestras miserias.
Y, si no, ¿por qué se ha esperado tanto? ¿Cuánto dinero ha costado a las arcas públicas estas semanas de innecesaria -según el gobierno- incertidumbre? Y, si no ha existido ultimátum por parte de los socios, ¿por qué tantas prisas de última hora? ¿Había que dar la rueda de prensa en el descanso del Holanda-Dinamarca? (Por lo menos, terminó antes de que empezara el Alemania-Portugal). Y -la prueba más concluyente- si de verdad se trata de una buena noticia, si es la solución para todos nuestros males ¿dónde estaba Rajoy?
Europa ha colocado un cobrador del frac en la puerta de La Moncloa, y eso -lo diga Agamenón o su porquero- es un fracaso. Fracaso de un estado con complejo de inferioridad, que acaba de ingresar -por méritos propios- en el Club de los Morosos. Fracaso de un gobierno sin recursos, que termina por admitir su incapacidad para hacer aquello a lo que vinieron, y que ahora ve cuestionado un ineficaz programa de ajustes. Fracaso de un presidente titubeante y desnortado, que cambia constante e irresponsablemente de opinión y de criterio, y que se ha instalado sin pudor en la corrección y en la improvisación continuas.
Lo adornen como lo adornen, este rescate -perdón, este generoso apoyo al sistema financiero- no era la solución reclamada. El ejecutivo lleva semanas mendigando unos eurobonos con los que obtener sus propios recursos a precio de buen pagador, y todavía se escuchan las carcajadas con las que respondió la kaiseresa. Reclamó después una legislación a medida bajo la que camuflar el salvamento (“-Sálvame este banco, hombre, que hoy no llevo suelto.”) pero la Unión Europea le dejó bien clarito quién puede exigir excepciones y quién no. Al final, no le quedó más remedio que aceptar un plato de lentejas -si quieres, las comes...- al que, aunque tenga mejor pinta que los que les sirvieron a Irlanda y a Portugal, se le adivina una pesada digestión y hasta un cólico electoral.
España ha claudicado y ha asumido su papel. Lo llamen como lo llamen.

2/6/12

Échame una mano, prima


Como buen español, Mariano Rajoy no se lleva bien con su familia política. Lo más sangrante, en este caso, es que es su familia quien gobierna en Europa; la que podría -con un simple gesto- aliviar su calvario.
Mientras estaba en la oposición, el hoy presidente del gobierno presumía de los respectivos logros de sus correligionarios del Partido Popular Europeo y los ponía de ejemplo de lo que estaba por llegar. Usaba cromos con la imagen de Angela Merkel y de Nicolas Sarkozy para señalar el camino de la salvación al Zapatero descarriado y alardeaba de pertenecer al grupo de los elegidos que compartían la fórmula mágica y secreta del éxito. Hoy, ciento sesenta y cuatro días después de jurar la Constitución, a Rajoy ni le cogen el teléfono.
Y eso a pesar de que son familia. Porque, aunque no lo parezca, todos los que amenazan, chantajean y extorsionan inmisericordemente al gobierno español pertenecen a su misma formación política y comparten sus mismos principios.
El presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durão Barroso, milita en el Partido Popular Democratico/Partido Social Democrata (PPD-PSD) portugués desde 1980 (llegó a liderarlo) y fue ministro, jefe de la oposición y presidente del gobierno con esas siglas, que hoy se integran en el Partido Popular Europeo.
Herman Van Rompuy, presidente del Consejo Europeo, fue primer ministro, presidente del congreso belga y varias veces ministro representando al Partido Cristiano Demócrata y Flamenco (Christen-Democratisch en Vlaams, CD&V), miembro del PPE.
El presidente del Eurogrupo (algo así como el superministro europeo de Economía y Finanzas) también pertenece al PPE. Jean-Claude Junker -primer ministro luxemburgués- milita en el Partido Popular Social Cristiano (Chrëschtlech Sozial Vollekspartei , CSV) del Gran Ducado de Luxemburgo.
Christine Lagarde, directora-gerente del FMI (Fondo Monetario Internacional) forma parte de la Unión por un Movimiento Popular (Union pour un Mouvement Populaire, UPE), con la que defendió la cartera de Economía y Finanzas en uno de los últimos gobiernos de Sarkozy. Evidentemente, también dentro de los populares europeos.
Y, por último, ¿adivinan quien es la presidenta de la Unión Demócrata Cristiana (Christlich-Demokratische Union, CDU) alemana, uno de los pilares del PPE? Efectivamente: Angela Merkel.
Sólo se echan a faltar dos nombres: Mario Draghi y Olli Rehn. El primero, presidente del Banco Central Europeo, no tiene adscripción política reconocida, aunque llegó a la política italiana de la mano de Andreotti (es decir: Democracia Cristiana; es decir: PPE), y el segundo, comisario europeo de Asuntos Económicos y Monetarios, milita en el Partido del Centro (Suomen Keskusta) de Finlandia, encuadrado en el Grupo Liberal del europarlamento.
Estos siete magníficos conformaban el equipo llamado a reeducar a la más díscola de las primas -la de riesgo- pero, lejos de domesticarla, no hacen sino alimentar su rebeldía. Eran, hasta primeros de año, los avalistas de un proyecto que hoy camina desnortado, sin el apoyo internacional imprescindible para taponar la hemorragia por la que se desangra el rédito electoral cosechado hace apenas cinco meses.
Han abandonado a su suerte el barco que prometieron remolcar, y se alejan de él temerosos del remolino que -cuando las vías de agua que ya lo hacen ingobernable, lo condenen al fondo del mar- amenaza con salpicarle los zapatos de piel de becerro.
Y es que, como dice el refrán castellano, “con la familia, comer y beber, pero no comprar ni vender”.