IU, incumplimiento de contrato

El peso de la púrpura ha terminado por desnortar a Izquierda Unida.

Al final, la rebelión prometida ha resultado ser interna y la han protagonizado los representantes de esta formación política en el Parlamento de Andalucía: han prendido las antorchas y han metido fuego a su propio programa electoral. Quienes presumen de ser los -únicos y genuinos- defensores de la clase obrera, han decidido bendecir con sus votos, necesarios e imprescindibles, la enésima agresión a los derechos de los trabajadores.

Llevan años asegurando que existen alternativas y que la salida está a la izquierda (al fondo, pero a la izquierda). Años prestándole el megáfono a todo el que ha querido gritar, y situando su pancarta al frente de cualquier movilización. Años luciendo camisetas verdes, moradas y rojas (“-Con este tipín, cualquier cosa me sienta bien.”); años ideando eslóganes, años acompañando encierros y sentadas... y han bastado cien días rascando en el banco azul para sacarles los colores.

Su líder -donde dije digo, digo Diego- Valderas ha sufrido un repentino ataque de amnesia -alguna sustancia estupefaciente, que le habrán echado en la cartera vicepresidencial- para argumentar, sin vergüenza, las mismas justificaciones que él mismo criticó (“-No, si no soy yo. Es el PP, que me obliga”, “-No os preocupéis que, en cuanto haya pasta, os pagamos todo de golpe”).

Una pérdida -selectiva- de memoria que le ha permitido olvidar aquellas viejas demandas: más gasto público, lucha contra el fraude fiscal, reducción de altos cargos, reforma de la administración paralela, negociación colectiva y acuerdo con los sindicatos, protección social, impuestos para los más ricos (por cierto, el impuesto sobre campos de golf va a dar mucho que hablar), persecución de la economía sumergida... Aquellas propuestas que convencieron a tantos en las últimas elecciones y que le permitieron crecer más de un 37% en el número de votos (pasaron de 317.562 a 437.445) y duplicar el número de asientos (de 6 a 12).

Izquierda Unida ha cambiado de catecismo, pero sólo en Andalucía. En el resto de España, se mantiene en la otra orilla y rechaza las propuestas que exclusivamente defiende en el Hospital de las Cinco Llagas, con el argumento -casi de Estado- de que es la única manera de sostener al mismo gobierno que llevan treinta años intentando desbancar.

Izquierda Unida no ha entendido el mensaje (“¡No es eso, no es eso!”, que escribió Ortega y Gasset) y ha apostado a una carta -la más alta- buena parte de su credibilidad presente y futura. Temerariamente, ha decidido cambiar por un plato de lentejas el contrato que firmó el 25 de marzo con sus electores, y ni el clamor de propios ni el estupor de propios y extraños han movido el fiel de una balanza demasiado desequilibrada por el peso de los coches oficiales.

Coches que no aliviarán la travesía del desierto cuando, dentro de cuatro años, los votantes les demanden por incumplimiento de contrato.

Epílogo

El artículo 259 de la Constitución de Colombia proclama: “Quienes elijan gobernadores y alcaldes, imponen por mandato al elegido el programa que presentó al inscribirse como candidato”. O sea, que el programa electoral es de obligado cumplimiento para los políticos colombianos.

En España, un auto del Tribunal Supremo dictado en 2005 -que ha sentado jurisprudencia- determinó que “las 'promesas electorales' y su cumplimiento forman parte esencial de la acción política, enmarcada en principios de libertad de hacer o no hacer [...] que escapan al control jurisdiccional”. Es decir, que los políticos españoles pueden decidir libremente por dónde se pasan el programa con que se presentan a las elecciones. Y así nos va.